Hacer memoria para la paz desde la educación contextual

 En el camino de generar y mantener la convivencia pacífica y alcanzar una paz estable y duradera, la academia se encuentra frente el desafío de contribuir a recuperar la memoria de las víctimas del conflicto armado y diseñar nuevos modelos pedagógicos y curriculares dirigidos a promover la cultura de paz, la solidaridad y el pluralismo.

En el horizonte de materializar la premisa básica del principio de nunca más y evitar que se vuelvan a repetir las graves violaciones a derechos humanos, que han sufrido miles de personas del pueblo colombiano con ocasión del conflicto armado, es necesario asumir y desarrollar la memoria como principio rector de la ampliación de la democracia y la construcción de la paz.

Recuperar y tejer puntos geohistóricos que ayuden a identificar hitos de memoria es fundamental para determinar patrones de conducta que contribuyan a establecer las causas estructurales que sostuvieron la guerra por tantas décadas, en medio de la intolerancia social y la democracia restringida.

Uno de los casos trabajados con este enfoque metodológico de investi­gación se puede apreciar en el artículo “Geopolítica crítica del Urabá, a manera de ilustración sobre la recuperación de la memoria en contextos” (Cuartas, 2015).

Por ejemplo, el miércoles 21 de agosto de 1996, mientras en la escuela La Cadena se celebraba el acto Hagamos juntos la tarea de la paz, la niña Victoria le indicó a la alcaldesa Gloria Cuartas que “llegaban unos hombres pintando paredes y con armas, que iban a matar un niño…” La alcaldesa comenta: “veo que cogen al niño, se lo traen a la mitad de la manga, lo golpean en el estómago y le cortan la cabeza”. El 12 de agosto de ese mismo año la alcaldesa “había notificado por escrito que los
paramilitares habían llegado a Apartadó” (Sandoval, 1998, p. 19).

Este relato corresponde a uno de los casos de destrucción de la pobla­ción y sus proyectos autonómicos, en una de las regiones más azotadas por las violencias y epicentro de la aniquilación de La Unión Patriótica, una de las fuerzas políticas con más incidencia de finales del siglo XX, concretamente la década del 80, en el posicionamiento social de proyectos alternativos y de resistencia a la expansión del paramilitarismo en alianza con fuerzas políticas, económicas, institucionales y empresariales nacionales e internacionales.

A pesar de la consolidación de la matriz social del paramilitarismo en la región, la comunidad de paz de San José de Apartadó hoy continúa en la región con su proyecto de organización en resistencia y con proyec­tos alternativos comunitarios, económicos y sociales.

En principio, el paramilitarismo fue una estructura militar encargada de proteger y garantizar la expan­sión de los megaproyectos económicos, empresariales y políticos nacionales e internacionales que se con­solidaban en la región, como la ganadería extensiva, la industria transnacional del banano, los cultivos de palma, la explotación de madera y la minería. Posteriormente se posicionó como fuerza política y económica, hasta incrustarse en las esferas del poder institucionalizado y refundar la patria a costa del terror y el crimen organizado contra la población y con la población.

El hecho atrás narrado a modo de ejemplo para hacer memoria es uno más de los cientos de episodios que se vivieron en la región del Urabá y que replicaron en distintos lugares del territorio nacional, especialmente donde el modelo económico impuesto por la globali­zación neoconservadora se hizo más fuerte y visible.

Hacer memoria nos recuerda la necesidad de encon­trar relaciones entre hechos que parecen aislados y sin conexión, que nos ayuden a recuperar los motivos pro­fundos que subyacen en ellos y construir los contextos sobre las graves violaciones a derechos humanos, en el propósito de contribuir a la desestructuración de las organizaciones del crimen y evitar que se vuelvan a repetir las violencias. Para las nuevas investigaciones sobre la memoria como núcleo de la verdad es conveniente superar la relación binaria guerrilla/paramilitarismo, y apostar a recuperar la memoria de las víctimas en contextos territoriales y conocimientos geográficos para la com­prensión de las relaciones entre economía, derechos humanos, política y justicia social.

Se trata de cuestionarnos sobre los lugares de la me­moria y la justicia territorial: el papel de la memoria histórica en los procesos de paz. ¿Qué y cómo son los lugares de la memoria, necesarios para superar la herida territorial? ¿Qué tipos de memoria se han hecho manifiestos y qué estrategias de memoria se pueden potenciar para hacer visibles los lugares y la espacialidad de la memoria? ¿Qué papel jugaron las diversas instituciones en los lugares donde ocu­rrieron las violencias, el papel de la administración de justicia, de las gobernaciones, de las alcaldías, de la Personería, de la Procuraduría, de la Defensoría, de la Contraloría, de la política, de los militares, de las universidades, de los colegios, de las escuelas, de las Iglesias? ¿Qué acciones realizaron los distintos estamentos para frenar el horror y la muerte?

Es crucial también preguntar por el papel de las ins­tituciones en medio del terror de la violencia: ¿Cómo incluyeron a las comunidades que sufrieron el con­flicto en los presupuestos y planes territoriales? ¿Qué principio de seguridad sustentó el orden territorial y permitió el mantenimiento del conflicto? ¿Cómo se aseguró la administración del territorio por parte del Estado sin que se hiciera visible la memoria de las víctimas frente a lo ocurrido en sus territorios?

Los daños que produjo la guerra sobre el tejido de la vida del pueblo colombiano, sobre el entorno social y ambiental, han dejado una herida difícil de supe­rar, con una matriz de odio y desconfianza, desafío inmenso en el proceso de redefinición de las bases para construir una convivencia pacífica basada en el diálogo, la solidaridad y la cultura de paz con enfoque en derechos humanos.

De ahí la importancia de generar estrategias pedagó­gicas dirigidas a restablecer el respeto por los dere­chos de las víctimas y de la población en general. En la apuesta por la conquista de la paz, y en el proceso de avanzar hacia una sociedad más justa, se hace cada vez más urgente recuperar el valor de los sentimientos, de las emociones, de sanar el tejido roto por el odio y la polarización social, instauradas culturalmente para mantener la idea de un enemigo común.

El trabajo de la memoria como núcleo de la verdad ayuda a comprender la posición del sujeto y la familia en el contexto de producción de los dispositivos de sostenibilidad del conflicto en los diversos territo­rios donde se causaron los hechos victimizantes, y las razones que dieron origen a las violaciones a los derechos humanos, de manera que se logre identificar el tipo de reparación que se deba dar a cada una de las víctimas: reparación simbólica, reparación indi­vidual, reparación colectiva, pues hay una deuda del país con la recuperación de las memorias de las voces diversas que han sido afectadas por el conflicto en los respectivos territorios donde tejieron sus planes de vida, así como las alternativas que han desarrollado como aporte a la construcción de la paz.

En el ejercicio de recuperar la memoria y construir la paz, la academia cumple el papel fundamental de interesar a la comunidad estudiantil en la investiga­ción de temas que afectan por su repercusión social, y contribuir a su divulgación en el entendido que aportan nuevas visiones y conceptos. Atentos a dicho compromiso, en la presente edición de Criterio Jurídico Garantista se publican los trabajos de autores que desde distintas áreas de formación y con diferentes ópticas analizan derechos inherentes a la realización de los seres humanos: justicia, salud, educación, por citar algunos, como se verá a continuación.

La Corte Constitucional y el papel determinante de sus decisiones es objeto de estudio en dos artículos: en el primero, que se publica en su totalidad en inglés, “The role of Constitutional Courts in Transitional Justice: Colombia and South Africa”, la magíster en derechos humanos, Nadiehezka Paola Palencia, ana­liza comparativamente la decisión sudafricana sobre el Acto del Parlamento de “Verdad y reconciliación” y la sentencia colombiana sobre el Acto Legislativo Marco Jurídico para la Paz, estableciendo similitudes y diferencias entre los dos sistemas; en el segundo, “Evolución del concepto de familia bajo el Estado social de derecho”, Jorge Eduardo Estupiñán estudia las variaciones conceptuales a raíz de los pronuncia­mientos de la Corte Constitucional, en los que no solo ha adoptado una posición garantista con el fin de eliminar del ordenamiento jurídico colombiano toda forma de discriminación en razón de la orientación sexual, sino que ha llenado el vacío jurídico respecto a la reivindicación de algunos de los derechos de la población lgbti ante la inactividad y la omisión le­gislativa sobre este particular.

Analizar la acusación de relativismo hecha al pensa­miento decolonial y sus consecuencias negativas es el propósito de Jorge Sierra Merchán en su artículo “Pensamiento decolonial, relativismo cultural e injus­ticia epistémica” donde, entre otras ideas, sostiene que las pretensiones decolonizadoras del saber pueden ser entendidas como el anhelo de que no exista injusticia epistémica, que algunas injusticias epistémicas no siempre son el resultado de acciones intencionales de los agentes, y que no es fácil sostener que la igno­rancia de ciertos hechos morales es exculpatoria de responsabilidad moral.

La experiencia articulada del Centro de Investiga­ciones y Educación Popular/Programa Por la Paz (cinep/ppp) y otras organizaciones de derechos hu­manos, respecto a la búsqueda y recuperación de los cadáveres de las víctimas desaparecidas que han falle­cido a causa del conflicto armado en el departamento del Guaviare, es presentada por los estudiantes de la Maestría en Ciencias Penales y Forenses, William Rozo y Carolina Puerto, en el artículo “Una aproxi­mación a las exhumaciones humanitarias a partir del caso Charras (Guaviare, Colombia)”, donde resaltan cómo esta primera iniciativa humanitaria constituyó un paso importante hacia la sensibilización de la institucionalidad pública, frente de la posibilidad de reconciliar las tensiones entre la operación del sistema judicial y el universo de las necesidades y expectativas de las víctimas.

“La política pública de educación en Colombia y Chile: gestión del personal docente y reformas educativas globales”, es el título desde el cual los doctorandos Ju­lián Raúl Flórez y Gerardo Flórez analizan la carrera docente y las reformas educativas en el marco de las nuevas tendencias globales de alto contenido geren­cial, adoptadas por los gobiernos en cumplimiento de disposiciones de organismos internacionales como la ocde. La política pública de educación en Colombia y Chile, señalan los autores, está marcada por una fuerte corriente neogerencial, que se ha inscrito en los ordenamientos jurídicos que la regulan y que, hasta el momento, no ha mostrado los mejores resultados. Por el contrario, un modelo educativo público basado en las necesidades propias de sus naciones puede ser una solución alternativa y quizá más eficaz que un modelo estandarizado totalmente ajeno a la realidad de la sociedad colombiana y chilena.

El tema de la violación de los derechos humanos es tratado por dos estudiantes de Maestría en Derechos Humanos, desde la situación de dos grupos poblacio­nales altamente vulnerables: los habitantes de calle y las mujeres. Sandra Milena Ocampo, en el estudio “El ser humano como ciudadano: una mirada desde los derechos humanos de los habitantes de y en la calle de Bogotá, localidad de Los Mártires” encontró que al no existir entre esta población un conocimiento detallado sobre los derechos humanos, tienden a definirlos a partir de sus necesidades materiales y emocionales (buen trato), o de la exclusión que los estigmatiza al identificarlos con todo lo malo, situación que se refuer­za y legitima con la indiferencia social, e impide verla como un problema que pone de manifiesto la incom­petencia del Estado frente al aseguramiento de unas condiciones de vida dignas para toda la población. Y Astrid Paola Patiño, en “Problemática de la atención en salud a mujeres víctimas de abuso sexual”, busca concientizar en que el desconocimiento de la política internacional y nacional respecto a la atención en salud, a las víctimas de violencia sexual, provoca revic­timización; expone cómo evitar una nueva vulneración de derechos; y hace un llamado a la articulación del trabajo entre los sectores salud, protección y justicia, no sin antes señalar que cualquier tipo de violencia ejercida contra una mujer es una vulneración a sus derechos humanos y una lesión contra la estructura de la sociedad. En el abanico de acciones que es ne­cesario emprender para contrarrestar la vulneración de los dd. hh. está la aplicación de los lineamientos oficiales sobre su enseñanza, algo que Nidia Andrea Galvis analiza a partir del estudio que realizó en el Instituto Gestión Informática y Guía Académica, del municipio de Duitama, y que la llevó a concluir que, por una parte, falta apropiación conceptual y práctica por parte de los docentes y, por otra, la necesidad de formar a los estudiantes en dd. hh. por ser principios rectores de la vida escolar, la convivencia pacífica y la responsabilidad ciudadana.

En “El pluralismo jurídico en la jurisdicción indígena y el buen vivir en Colombia”, los profesores investi­gadores externos, Carlos Alfonso Cárdenas y Pedro Alfonso Sánchez, reflexionan sobre los diferentes conflictos entre el sistema judicial nacional y la juris­dicción indígena en la aplicación del sistema punitivo. Sugieren: entablar un diálogo intercultural para que la jurisdicción indígena sobreviva al avasallamiento de la cultura occidental globalizada; proponer una ley de coordinación como medida necesaria para lograr que la integración sea dentro de la diversidad y no por efecto de la imposición; y combatir la impunidad.

Juan Simón Rico, magíster en Derechos Humanos, se propone demostrar en su estudio la violación del derecho de asociación sindical de que son objeto los trabajadores de las flores. Basado en el caso de dos empresas floricultoras ubicadas en Madrid y Funza (Cundinamarca), concluye que la mayoría de quienes allí laboran no se sienten realizados con esta actividad y tampoco la consideran deseable para sus hijos, por las condiciones de sobreexplotación, precariedad, inestabilidad laboral, bajos salarios e irrespeto por la dignidad humana que les ha tocado vivir. Propone reivindicar los derechos de estas personas, y en es­pecial de las mujeres, quienes a pesar de ser mayoría deben someterse aún más por el hecho de ser madres cabeza de familia; elevar el nivel organizativo de los sindicatos; y un papel proactivo de las centrales obre­ras por una política pública en la materia.

Sergio Luis Mondragón y María Margarita Torres, profesores investigadores externos, se proponen es­tablecer en el trabajo “Responsabilidad disciplinaria de los servidores públicos en materia contractual, en el departamento del Tolima”, cuál ha sido la funda­mentación jurídica que han adoptado los operadores judiciales en sus distintos fallos relacionados con extralimitación u omisión de los servidores públicos, en actividades desplegadas dentro del proceso de contratación pública, a partir de la entrada en vigencia de la Ley 1474 de 2011.

Los vientos de paz que soplan con fuerza y en firme nos plantearán retos de mayor compromiso, que es­tamos prestos a asumir como comunidad académica y que iremos registrando desde estas páginas.

Dídima Rico Chavarro

Referencias

Sandoval Ordoñez, M. (1998). Gloria Cuartas. Por qué no tiene miedo. Bogotá, Colombia: Temas de hoy.

Cuartas Montoya, G. (Junio 2015). Geopolítica crí­tica del Urabá. Criterio Jurídico Garantista,7(12), 80-113.