La paz en Colombia en el contexto latinoamericano
En el concierto
de los intereses del mercado que desarrolla el modelo económico capitalista y la tensión que genera la construcción de una
paz estable y duradera en Colombia, avanzan los diálogos de paz entre el
Gobierno y las Farc-EP, y el país se apresta para la suscripción del cese
bilateral del fuego y la terminación del
conflicto armado. En el ambiente político latinoamericano que rodea la realidad
nacional y los procesos de paz, para bajar el riesgo en materia de seguridad y blindar
el proceso es importante considerar las interpretaciones y visiones alternas a
la forma como el juego político tradicional invierte y pone a su servicio el
ascenso de las propuestas contraimperialistas, mediante el desarrollo de
instrumentos jurídicos y políticos sutiles de destrucción de la confianza y la
credibilidad en la posibilidad de gobiernos que trabajen por la
desconcentración de la riqueza y la redistribución de los bienes sociales como
premisa de una justicia equitativa, y por una nueva configuración de los ejes
angulares de la educación que requieren considerar nuevos modelos
epistemológicos acordes con la cultura de paz. Al respecto, la investigadora
Ana Esther Ceceña en conferencia dictada en el xii Encuentro de la
Red de Intelectuales, Artistas y Movimientos Sociales en Defensa de la
Humanidad, realizado entre el 8 y el 14 de abril de este año, en Venezuela,
advirtió:
El foco de las
embestidas imperiales, utilizando hoy como principal mecanismo la guerra
económica, está en Venezuela, nación que constituye la base fundamental para la
integración, para la soberanía y para la autodeterminación y que es ejemplo
para la región y el continente (…) Estados Unidos sin América Latina, sin los
recursos, sin las fuerzas vitales de nuestros pueblos no puede mantener su
hegemonía en el planeta. En ese marco se visibiliza una nueva estrategia del
poder internacional, liderado por los Estados Unidos, para derrocar gobiernos
considerados ilegítimos, para destruir el ascenso democrático y progresista,
mediante la aplicación de la metodología de seguridad frente al enemigo
ideológico, con los denominados por Joseph Nye como golpes blandos o power
soft, muertes políticas y jurídicas de los gobernantes y líderes de
izquierda, que aplicados sistemáticamente en el tiempo debilitan la
sostenibilidad económica y política de un país.
Dicha práctica
es correlativa al desarrollo de la teoría del filósofo norteamericano Gene
Sharp (2011) sobre planificación y estrategias de fuerza no violentas, que se
desatan contra esos gobiernos desde la oposición de manera permanente y sistemática,
con intervenciones psicológicas, sociales, económicas y políticas, pues según
este autor el fin es cómo evitar que una dictadura se establezca y cómo destruirla,
confrontándola con firmeza, para lo cual hay que fortalecer y organizar los
grupos sociales para la resistencia y la liberación (p. 8).1
Los medios de
comunicación y las tecnologías de la información y la comunicación son usados aquí
como recursos potentes para el debilitamiento mediático de los pilares que
sostienen el poder; para minar la legitimidad basada en el apoyo popular e institucional;
para persuadir a la sociedad sobre la necesidad de retirarles el apoyo a los
gobiernos que no comulgan con sus ideologías y, en consecuencia, para llevar a
los pueblos al convencimiento que es necesario derrocarlos por las vías
legales, pues sostenerlos resulta inconveniente para la economía y la justicia
social.
Esa estrategia
de guerra ha cobrado víctimas en países como Honduras y Paraguay, y por etapas
de forma gradual y calculada, como se percibe con los gobernantes de Venezuela
y Brasil. Una nueva técnica del poder que se desarrolla cautelosamente dentro
de las propias estructuras de los países, con instrumentos de poder jurídico y
político aplicados mediante juicios públicos por indignidad moral (corrupción) que
destruyen al enemigo político, destituyéndolos de sus cargos. Vale la pena resaltar
la importancia de revisar el papel del Sistema Interamericano de Derechos
Humanos frente a estas nuevas formas de eliminar las decisiones políticas de
elección popular y su carácter democrático.
En este
escenario de contrastes e incertidumbre sobre la proyección política de
Latinoamérica, la firma del cese bilateral del fuego y del acuerdo final que se
esperan como resultado de los diálogos de paz de La Habana, son acontecimientos
extraordinarios en la vida de este país que ha visto cómo la política de
violencia impuesta desde el Estado se ha convertido en una forma de dirimir los
conflictos. En ese contexto es muy complejo desligar el proceso de paz y su
materialización de los intereses económicos que convergen en determinados
estilos de democracia desarrollista, extractivista, y el auge de la economía ilegal,
que progresan articulados a proyectos educativos que fragmentan la realidad e
impiden contextualizar los diversos aspectos que configuran el estado de cosas,
propio de una economía anclada en el crecimiento y la competitividad
individual, sin tener en cuenta los valores de solidaridad, pluralidad y
participación que definen las democracias contemporáneas.
El modelo
educativo que se proyecta está fundamentado en las políticas de la Organización
para la Cooperación y el Desarrollo Económicos (OCDE), de ahí que su
esquema esté basado en competencias individualistas como el programa Ser Pilo
Paga, olvidando que la construcción de valores y de aptitudes para la paz debe
ser el centro de incidencia, así como la importancia de los lugares como
espacios de construcción de relaciones sociales. Es desde la educación como los
ciudadanos aprendemos a comprender las estrategias de destrucción de proyectos
comunitarios de vida en beneficio de intereses económicos internacionales; a
dimensionar la geografía más allá de la simple descripción del territorio y
empezar a visualizarla como instrumento pedagógico necesario para entender cómo
la superación de las violencias políticas solo es posible si se identifican y
traslapan los factores económicos y políticos que se ocultan en los nuevos
paisajes, que ordenan los territorios en beneficio del crecimiento de los
modelos económicos propios de la globalización neoliberal.
Para construir
la paz se requiere, entonces, modelos pedagógicos que den cuenta de la memoria;
de relatos diversos que se debaten entre las prácticas que han configurado
subjetividades de resistencia
educativa,
comunitaria y política en espacios concretos, para no dejar perder sentidos de
vida en medio de las prácticas de guerra insertas en el poder colonial que
pervive y se manifiesta, entre otras, en la desaparición forzada, en el
desplazamiento, en el exilio, en la violencia sexual, en el desalojo, en la destrucción
de procesos sociales y políticos, en la persecución a la oposición política, en
la descampesinizacion y en la desarticulación entre procesos indígenas, afros y
del pueblo rom; procesos de memoria que exigen enfrentar de manera
simultánea la gestión propia de la acumulación y concentración del poder
político y económico que determina nuevos reordenamientos, usos y controles de
los territorios, sin considerar los impactos urbanos que expresan esa realidad
y los desafíos por sobrevivir en medios hostiles.
Hoy se requiere
mayor compromiso en la reflexión sobre nuestra práctica educativa y nuestras culturas,
desde la capacidad de leer y analizar en simultaneidad la realidad, de producir
colectivamente conocimientos sobre contextos que nos permitan situarnos en
relaciones horizontales, de articular esfuerzos y enfrentar las estrategias del
poder del enemigo interno que ha permeado todas las instancias, de construir
confianza y solidaridad para lograr una efectiva y radical construcción de la
democracia. Para lo anterior es importante desarrollar procesos intra e
interuniversitarios que desarrollen epistemologías comprometidas con la
construcción de pedagogías de paz, que atraviesen los proyectos educativos
institucionales y pongan la educación al servicio de la cooperación y la
innovación equitativa y redistributiva de la justicia social.
Los artículos
que Criterio Jurídico Garantista recoge en esta edición van en
cierta forma y desde distintas ópticas en la anterior dirección, es decir, en
la línea de alertar sobre las diferentes estrategias de las que se ha valido y
se vale el poder económico para invisibilizar el germen real de las distintas
violencias que han sometido por siglos a los pueblos latinoamericanos y
caribeños.
Álvaro René
Garcés en su estudio sobre los desafíos de los ordenamientos territoriales en
Colombia
pretende generar
una reflexión acerca de la manera en que estos, bien como política estatal o
como ejercicio de poder, producen tensiones y conflictos en el sur del país, concretamente
en los territorios de las comunidades indígenas, negras y campesinas, a pesar
de las normas internas e internacionales que reconocen la autonomía y los
derechos étnicos de estas comunidades sobre sus propios territorios mostrar la
necesidad de reactivar a partir de ejercicios comunitarios de memoria social, los
relatos orales, y a partir de ellos evidenciar la necesidad de construir nuevos
espacios políticos y de inclusión, propósito que cobra mayor importancia frente
al proceso de posconflicto y la instauración de un verdadero proceso de paz.
En el artículo “Desaparición
forzada y violencia sexual contra mujeres en Putumayo, Colombia” Ana Carolina
Guatame y Ovidio Delgado visibilizan a las mujeres que han sido desaparecidas
forzadamente en este departamento como resultado del conflicto armado, los
obstáculos institucionales que han enfrentado los familiares de los
desaparecidos para el acceso a la justicia, y la estrecha y profunda relación
causal entre el contexto socioespacial y territorial, el modelo de desarrollo
socioeconómico y político, el conflicto social y armado y la violencia contra
las mujeres.
“El
multilateralismo en América: estrategia del dominó en la Guerra Fría” es el
título escogido por Liborio González para presentar un estudio en el que nos
muestra cómo el miedo al comunismo y su conexidad con los hechos del 9 de abril
de 1948 en Bogotá, sirvieron de excusa a Estados Unidos para introducir al país
en el contexto de la Guerra Fría, comprometerlo con los organismos creados en
dicho marco —la Organización de Estados Americanos (OEA) y el Tratado Interamericano de Asistencia Recíproca (TIAR)—, alinearlo con el bloque occidental de poder y
mostrarlo, junto a los otros países del continente, como garante de la
seguridad que necesitaba ostentar ante la potencia enemiga. Bajo el título “Protocolo
de Minnesota. ¿Tiene carácter vinculante para el Estado colombiano?” Rafael Palencia
examina la importancia de dicho instrumento en la investigación de muertes
sospechosas de ser ejecuciones extrajudiciales, una de cuyas modalidades es el
asesinato que generalmente sigue a la desaparición forzada de personas. Al ser
obligante para Colombia, como lo demuestra este estudio, sus directrices se convierten
no solo en una pretensión legítima de quienes se desempeñan en el ejercicio
jurídico de representación de víctimas, sino que su implementación como debida
diligencia permitirá hacer efectivas las garantías judiciales, la protección
judicial y, con ello, el debido proceso.
Luis Bernardo
Díaz Gamboa en el artículo “El laicismo en Rafael Uribe Uribe” destaca el valor
de este caudillo liberal que ya en 1911, en su Ensayo
sobre las cuestiones teológicas y los partidos políticos en Colombia, sentó las
bases de un Estado doctrinariamente aconfesional, idea que solo quedó plasmada
ocho décadas después en la Constitución de 1991.
El tema de las
víctimas y su estatus en el estado de Baja California (México), tratado por
Sergio Gilberto Capito, María del Rosario Molina y María de Jesús Soto, nos
acerca muy brevemente a la dimensión que este problema ha adquirido en el país
azteca en los últimos años, y nos presenta la necesidad de homologar la
legislación local con la federal, algo que viene intentando la sociedad civil
con la presentación de un proyecto de ley que atiende las distintas necesidades
de las víctimas de delitos y violaciones de derechos humanos.
La vulneración
de los derechos económicos, sociales y culturales de que son víctimas en
Colombia las personas en situación de desplazamiento (11.6%) por causa de la violencia
ejercida por los grupos armados, y el reto que implica para el Estado
implementar programas que garanticen el goce de tales derechos en aspectos como
la vivienda, el trabajo, la salud y la educación es el tema tratado por Carlos
Andrés Torres.
En “La
mediación: un espacio para mitigar los efectos del bullyng”, Ruby Stella
Jaramillo analiza el acoso escolar, fenómeno agudizado en los últimos años en
las aulas de clase; su diferencia con la violencia; las características que
determinan a los actores que generalmente intervienen en situaciones de este
tipo: los acosados o víctimas, los acosadores o agresores y los espectadores; y
presenta la mediación y el diálogo como formas efectivas en la resolución de
los conflictos que anteceden a esta clase de conductas.
Pedro Alfonso
Sánchez vuelve sobre el presupuesto territorial. En esta oportunidad se detiene
en el ciclo presupuestal, concretamente en las fases de programación, preparación,
presentación, estudio y aprobación del proyecto, finalizando con la ejecución y
control del presupuesto, etapa que incluye su seguimiento y evaluación.
La realidad de
la juventud rural que termina la educación media y no tiene acceso a la
educación superior es abordada por Elvis Joel Pinzón, a partir del caso específico
de los jóvenes de Tununguá, un municipio de Boyacá, Colombia. Esta situación
les implica ver frustrado su proyecto de vida y las aspiraciones de su familia,
de ahí la importancia de la formulación y ejecución de políticas públicas que
hagan efectivos los postulados constitucionales y los principios de la Ley
General de Educación en cuanto a que este es un derecho inclusivo que, por lo
demás, está llamado a contribuir en el desarrollo del país.
DÍDIMA RICO CHAVARRO
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