El lenguaje contrahegemónico en la investigación académica
El colonialismo, per
se,
es una categoría que entrelaza la idea de poder hegemónico y poder subyugado.
Desde el mismo descubrimiento de América, el proyecto europeo de globalización económica
tuvo como fundamento de su expansión el sometimiento de los pueblos aborígenes
americanos en sus propios territorios, base de la explotación de los recursos y
del desarrollo económico capitalista.
La metáfora del globo terráqueo se hizo a imagen y semejanza de los conquistadores. El desarrollo del modo de producción económico basado en la acumulación del capital de manera incesante y expansiva geográficamente, implicó la delimitación territorial entre poseedores y desposeídos. La fragmentación social en clases con intereses antagónicos, junto a la creación de una matriz social soportada en la sostenibilidad de todo tipo de violencias, fue el motor del modelo económico. Además de las clases sociales, que no solo se diferenciaban por el reparto económico desigual, se introdujeron dispositivos de choque culturales que respondían a estereotipos de construcción de identidades centrados en una división social y del trabajo, según el color de los cuerpos, los cuales emergieron como construcciones mentales que definirían el fundamento del colonialismo como poder hegemónico expresado bajo la noción de raza, la cual de por sí lleva inserta una connotación que introduce desigualdades enunciadas como valores de superioridad e inferioridad biológica.
La metáfora del globo terráqueo se hizo a imagen y semejanza de los conquistadores. El desarrollo del modo de producción económico basado en la acumulación del capital de manera incesante y expansiva geográficamente, implicó la delimitación territorial entre poseedores y desposeídos. La fragmentación social en clases con intereses antagónicos, junto a la creación de una matriz social soportada en la sostenibilidad de todo tipo de violencias, fue el motor del modelo económico. Además de las clases sociales, que no solo se diferenciaban por el reparto económico desigual, se introdujeron dispositivos de choque culturales que respondían a estereotipos de construcción de identidades centrados en una división social y del trabajo, según el color de los cuerpos, los cuales emergieron como construcciones mentales que definirían el fundamento del colonialismo como poder hegemónico expresado bajo la noción de raza, la cual de por sí lleva inserta una connotación que introduce desigualdades enunciadas como valores de superioridad e inferioridad biológica.
Según Quijano
(2000), la raza se introdujo como hipótesis válida de una estructura biológica
diferencial que ubicaba a los conquistadores en situación natural de
superioridad. Entre las nuevas identidades que se construyeron socialmente en
América, figuraron los indios, negros y mestizos, “raza e identidad racial
fueron establecidas como instrumentos de clasificación social básica de la
población” (pág. 2).1
La clasificación
y distribución social de la población mundial quedaron identificadas por su
raza y según el lugar geopolíticamente estratificado, conforme al interés de lo
que sería Europa y Norteamérica como polos modelo de desarrollo.
Sistematizar la
forma como el capital se expande en el mundo de acuerdo con el territorio que
ocupa,
y explicar cómo
se producen las relaciones sociales y económicas, las medidas y estrategias de
seguridad caracterizadas de hegemónicas, es una de las responsabilidades de los
investigadores que trabajan en la transformación de los modelos económicos
hacia propuestas alternativas centradas en el principio de solidaridad y la
proyección de los planes de vida sociales y personales acordes con el principio
del buen vivir.
Dicha
responsabilidad entraña dejar atrás alternativas que desde lo pequeño repiensan
la noción de calidad de vida como complemento del crecimiento económico y la
multiplicación de necesidades basadas en nuevos bienes de consumo ajenos, los
cuales se sostienen sobre el principio de la competencia y la desigualdad,
según las posesiones individuales y materiales que dividen y discriminan
socialmente las poblaciones.
En ese contexto
es conveniente conocer, participar y visibilizar el trabajo de las
organizaciones y movimientos de resistencia y de solidaridad, para producir
modelos alternativos que están registrando otras formas de nombrar y
argumentar. Los debates contrahegemónicos se realizan desde una participación directa
en los asuntos que afectan la vida cotidiana. Así lo afirman, por ejemplo, las
mujeres afrodescendientes que se movilizaron en Colombia el 25 de noviembre de
2014, procedentes del Cauca, departamento ubicado al sur del país: “Nuestro
amor por el territorio como fuente de vida y pertenencia ha sido la garantía
para sostener uno de los patrimonios naturales y genéticos más ricos del mundo.
Nuestros territorios han sido de vida, alegría y paz”, y que expresan la
sistemática defensa al derecho a la memoria y la producción propia.
El geógrafo inglés David Harvey, en
su obra Espacios de Esperanza, sostiene que Colombia es un caso patético de las
consecuencias del modelo neoliberal:
La historia de Colombia
es terrible porque es un claro ejemplo de acumulación por desposesión, pues los
gobiernos de este país andino han entregado el territorio a las transnacionales
minero-energéticas para su explotación, las cuales a su vez son protegidas por
el ejército y cuentan con todas las gabelas del estado Colombiano. La
acumulación por desposesión se da en Colombia como la mercantilización, y privatización de la
tierra, expulsión violenta de campesinos y la transformación de los derechos comunes en derechos privados. La desposesión o
despojo, se logra liberando activos, incluida la fuerza de trabajo a un coste
bajo y en algunos casos nulo. (2003).
Se trata,
entonces, de desarrollar un mayor compromiso desde la academia y la
investigación con la problematización de categorías como las de raza,
globalización y desigualdad económica, de manera que se propicie un pensamiento
más crítico y encaminado a desvelar las estructuras del poder hegemónico. Ello
implica perforar desde lo pequeño los muros de contención y control social de
las necesidades que el capital impone en su carrera de expansión; fortalecer en
los territorios donde se tejen las relaciones que irradian el tejido de la vida
social, la autonomía y la potencia de la resistencia con la recreación
permanente de nuevos paisajes de vida posible; resignificar los lenguajes, como
por ejemplo el de raza, para convertirlo en un instrumento de lucha dirigida a
romper las estructuras que discriminan y humillan a las poblaciones por una
supuesta desigualdad biológica, que no es más que una de las formas de
violencia como el poder del sistema económico capitalista se reproduce.
En esta línea de
pensamiento, Criterio Jurídico Garantista publica en el
presente número trabajos de investigación que indagan por realidades cotidianas
del país y constituyen un aporte a los debates contrahegemónicos que se
reclaman a la academia. El politólogo Edwin Cruz Rodríguez, en el artículo “Relaciones
cívico-militares, negociaciones de paz y posconflicto en Colombia” examina
dichas relaciones en el marco de las actuales negociaciones de paz e identifica
algunos de los posibles retos para un eventual postconflicto: realizar una
reestructuración integral de las FF. AA. que permita un
control democrático de estas instituciones; la definición de prioridades, la
detención de su crecimiento y la reasignación de roles y funciones de acuerdo
con las necesidades de seguridad.
En el artículo “Familia
y conflicto armado. Deconstrucción de la noción de víctima en el occidente de
Boyacá”, los magistrandos en Derechos Humanos Julio César Barajas y Michael
Adolfo Acevedo exponen la arbitrariedad de los criterios de exclusión por parentesco
consanguíneo utilizados en la Ley 1448 de 2011 y lo que ello representa para
las víctimas de las familias no convencionales, a partir del estudio de un caso
paradigmático encontrado en el occidente del departamento de Boyacá (Colombia).
Como resultado evidencian, entre otras realidades, la contradicción entre la
importancia que el Estado colombiano dice darle a la familia a través de sus
políticas públicas y el tratamiento legal que estableció para la definición de
víctimas del conflicto armado interno, donde demarcó el concepto de víctima en
torno al individuo y no a la familia, limitando incluso la relación de víctima
indirecta a los individuos con grados de parentesco más inmediatos de
consanguinidad. En “Feminicidio y derecho penal” el doctor en Ciencia Política,
Farid Samir Benavides Vanegas, analiza el concepto de feminicidio dentro de un
contexto más amplio de violencia contra la mujer, e intenta dar respuesta,
entre otras, a las preguntas: ¿Qué es la violencia contra las mujeres?, ¿Cuál
ha sido la reacción del Estado colombiano frente a actos de violencia contra la
mujer?, ¿Cómo distinguir el feminicidio de un acto de homicidio en donde la
víctima es una mujer?, advirtiendo que este es solamente el acto más extremo de
violencia, pero no la única contra la mujer. Bajo el título “Proceso de paz y
propuestas de cambio en el sistema político colombiano”, los profesores investigadores,
Andrés De Zubiría Samper, máster en Derecho de las Administraciones Públicas y
Gabriel Becerra Yáñez, máster en Estudios Políticos e Internacionales, se
preguntan por qué la persistencia del conflicto armado interno durante ya
varias décadas evidencia, entre otras razones, la continuidad de una crisis de
representación del régimen y el sistema político, que a la vez es una crisis en
la construcción del Estado, para pasar a analizar cuáles deben ser las reformas
al sistema político colombiano que se deben implementar como resultado del
proceso de negociación política que se adelanta en La Habana, Cuba, entre
delegados del Gobierno Santos Calderón y de las FARC-EP, desde noviembre de 2012.
La investigación
realizada por la doctora en Derechos Fundamentales, Dídima Rico Chavarro, sobre
las implicaciones del proceso de restitución de tierras a las víctimas del
conflicto armado, son presentadas bajo el título “Intervención de la fuerza
pública en el proceso de restitución de tierras de las víctimas del conflicto
armado”. Entre las conclusiones la autora anota cómo la fuerza pública, siendo
parte fundamental del Estado, no da garantía de legitimidad para liderar dicho
proceso; cuestiona al establecimiento frente a los intereses geostratégicos que
mantienen las causas estructurales del conflicto, así como las grandes
violaciones a los derechos humanos y la impunidad; y hace un llamado a revisar
el Decreto 599 de 2012, pues la garantía de la restitución de tierras es parte
fundamental de la agenda de paz en su aspecto territorial y de justicia local.
María Carolina
Fajardo Cano, maestranda en Derecho Privado, propone en su artículo “Efectividad
regulatoria de la responsabilidad social empresarial en Colombia” un modelo de
regulación de la responsabilidad social
empresarial distinto y único para el país, mediante el cual hacer efectivas las
finalidades de la figura y obtener de esta el mayor provecho, analizada la
experiencia nacional e internacional en la materia. Luego de mostrar los
beneficios para el Estado, para las empresas y para la sociedad, reitera cómo
un adecuado tratamiento de la RSE puede tener
grandes ventajas, una de ellas, garantizar los derechos de los grupos de
interés y la sociedad en su conjunto, a través del trabajo mancomunado Estado-sector empresarial, cuya
cooperación facilita alcanzar los objetivos de cada uno de estos y aboga por darle a la figura una
oportunidad para que pueda convertirse en la respuesta a diferentes
problemáticas sociales y ambientales que se presentan en la actualidad.
“El sistema
presupuestal territorial en Colombia” es el tema abordado de manera didáctica
por los candidatos a magíster en Derechos Humanos, Pedro Alfonso Sánchez y
Carlos Alfonso Cárdenas, por la importancia que representa para las entidades
de los distintos niveles de la administración y por constituir herramienta
fundamental para la toma y ejecución de decisiones. En él definen conceptos,
objetivos, procedimientos y elementos de los planes financiero y operativo
anual de inversiones, e ilustran sobre los componentes del marco fiscal y el
presupuesto de los niveles territoriales en un lenguaje comprensible y preciso.
Fernando Gómez
Forero, magistrando en Derechos Humanos, presenta como uno de los productos de
su tesis el artículo “Alternativas para superar el hacinamiento carcelario en
Colombia con enfoque en derechos humanos”, en el cual hace un análisis crítico de
este grave problema de los centros penitenciarios, que por recurrente llevó a
la Corte Constitucional en 1998 a acudir a la figura del estado de cosas
inconstitucional. Luego de diecisiete
años de esta histórica decisión el país continúa buscando posibilidades de solución
que van, según el autor, desde estructuración de formas alternativas de la pena
hasta distintos mecanismos en el marco de la justicia transicional.
El artículo “Aportes
de los movimientos sociales franceses al origen y evolución de los derechos humanos” aborda la fundamentación de tales
derechos a partir de una aproximación desde la visión ética y de su origen
histórico, así como del papel que jugaron en su constitución los movimientos
sociales en la Francia del siglo xviii y xix, en especial la Revolución francesa. Su autor, el abogado Edwin Ferney
Gil concluye destacando cómo los derechos humanos son reivindicación y
reclamaciones éticas construidas a partir de un discurso para la satisfacción
del principio material.
Reiteramos la
invitación a hacer de Criterio Jurídico Garantista el medio por
excelencia para divulgar los productos del conocimiento que desde la
investigación académica o fuera de ella contribuyen a la visibilización de los
problemas del país y aportan ideas frescas para su comprensión y manejo.
DÍDIMA RICO CHAVARRO
Editora
Lander (Comp.), La colonialidad del saber: eurocentrismo y ciencias sociales.
Perspectivas
Latinoamericanas. Buenos Aires, Argentina: Consejo Latinoamericano
de Ciencias
Sociales.
Disponible en:
http://bibliotecavirtual.clacso.org.ar/ar/libros/lander/quijano.rtf
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